[colombiamigra] Fw: Bolivia: Reflexiones en torno a la Ley de Migraciòn - Alfonso Hinojosa
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- Date: Mon, 10 Jun 2013 18:43:38 -0700 (PDT)
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Sent: Monday, June 10, 2013 7:24 PM
Subject: Bolivia: Reflexiones en torno a la Ley de Migraciòn - Alfonso Hinojosa
Reflexiones en torno a la Ley de Migración
¿Del olvido a la política pública?
Por: Alfonso Hinojosa
El pasado 8 de mayo el Ejecutivo promulgó la Ley 370 de Migración. Es la
primera ley en Bolivia sobre el tema, ya que anteriormente sólo se contaba con
normativas de menor jerarquía (decretos supremos, reglamentos, acuerdos).
Estas normas establecían las acciones del Estado sobre las dinámicas
poblacionales internacionales, y su principal característica se basaba en la
idea de “control y restricción”, a la par de una mirada donde prevalecía la
inmigración en desmedro de la emigración, de amplio y diverso espectro y
antigüedad en Bolivia, pero totalmente olvidada en las políticas y esferas
públicas.
Este elemento es central en las continuidades del abordaje migratorio a lo
largo de la historia, ya que tiene que ver con la invisibilización de la
emigración nacional frente a la inmigración extrajera; es decir, existe un
énfasis mayor respecto a normar la presencia de los extranjeros frente al
silencio respecto a la ausencia de los nacionales.
En el anteproyecto de esta ley se reconocía esta situación al señalar que la
anterior legislación vigente sobre el tema fueron “normas de extranjería
restrictiva, discriminatoria y poco flexibles para el ingreso de personas
extranjeras a nuestro país, sin considerar aspectos de emigración de la
población boliviana hacia el exterior”.
Ya desde inicios del presente siglo el tema migratorio en el país empezó a
tomar mayor presencia en la opinión pública, la mayoría de las veces
mediatizado por la prensa escrita o la televisión, pero sobre todo siguiendo
una dinámica ya en efervescencia de éxodo hacia España que visibilizó el hecho
migratorio en Bolivia de una manera impactante.
A la par de esta situación, numerosas organizaciones, instituciones, ONG, redes
de todo tipo (activistas de derechos humanos, comerciales, festivas), Iglesia
Católica, academia y otros empezaron a nuclearse y discutir la cuestión,
confluyendo en un primer momento, a fines de 2004, cuando La Paz fue sede de la
V Conferencia Sudamericana de Migraciones y se conformó algo así como una
plataforma sobre la temática (años después denominada Mesa Técnica de
Migraciones).
Desde esos momentos y en mayor o menor intensidad en los siguientes años se fue
hablando e interactuando con distintas esferas del Estado (Cancillería,
Gobierno, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia) sobre la necesidad de
una ley de migraciones.
Un momento decisivo en esta visibilización del hecho migratorio se da con la
conquista del voto boliviano en el exterior, ejercido por primera vez en
diciembre de 2009. Ahí, la gran masa de residentes bolivianos en el exterior
entra en la agenda nacional.
A finales del año pasado la diputada Ingrid Zabala, presidenta de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Migración, presentó el anteproyecto de ley afirmando
que su objetivo era de regular el ingreso, tránsito, permanencia y salida de
personas en el territorio boliviano y coordinar políticas migratorias que
garanticen los derechos de las personas migrantes bolivianas y extranjeras.
Es decir, en términos generales se añadía a la mirada de control y restricción
otra mirada referida a los derechos de las personas migrantes. En este sentido,
la Ley 370 es importante para la protección de los derechos y las condiciones
de vida de la elevada población que migra desde o hacia nuestro país.
En el mismo documento se hacía referencia también a los procesos de integración
regional y subregional orientados a promover la libre circulación y residencia
de las personas; en ese momento se hablaba de armonizar desde el Estado la
legislación sobre movilidad humana, a partir de la ley de protección a las
personas refugiadas, la ley integral de trata y tráfico de personas y la ley de
migración.
Otro de los elementos emergentes en los últimos años tiene que ver con la
denominada “feminización de las migraciones”, dimensión que también se halla
explicitada en la ley ya que considera de manera diferenciada la situación de
las mujeres en el contexto de la migración e incorpora algunas previsiones
específicas para la prevención del acoso, la violencia de género y sexual.
En la ley se ha tomando en cuenta también el tema del retorno, aunque desde una
perspectiva que considera a los retornados en una condición final y/o
definitiva más que como un momento activo de los diversos ciclos de la
migración.
Es así que la ley contiene un enfoque del retorno como una situación
definitiva, cuando lo más real es identificarlo como uno más de los procesos
altamente versátiles de circulación migratoria. Asimismo, se habla del
“migrante climático” sin dar mayores acotaciones sobre lo que ello implica.
Sin embargo, hay que subrayar el hecho de la persistencia de una lógica de
seguridad nacional “securitista” y por tanto policiaca al momento de definir y
gestionar políticas públicas migratorias cuando se establece que será la
Dirección General de Migración, bajo tuición del Ministerio de Gobierno, la
instancia facultada para dicho fin.
Por otro lado, si bien se reconoce y se respalda la libertad migratoria y se
reconoce el aporte al desarrollo económico, social y cultural que realizan los
migrantes en las sociedades de origen y de destino, se proyecta una visión
débil de las personas migrantes en tanto actores económicos, políticos y/o
sociales, susceptibles tan sólo de protección.
Hacia adelante los retos en este camino de reconocimiento y visibilización del
hecho migratorio en el país tendrán que ver sobre todo con la reglamentación de
la ley, instancia en la que garantizar las asignaciones presupuestarias mínimas
y necesarias para la protección de los derechos de los y las migrantes será una
labor fundamental en el cumplimiento de los avances adquiridos con esta
normativa.
Por otra parte, se deberán definir protocolos y procedimientos en la materia.
Avanzar hacia la simplificación de procedimientos en lo que hace a extranjería
y otros trámites concernientes a estas situaciones también deberá ser asumido
como reto.
Finalmente, garantizar la participación de la sociedad civil en el Consejo
Nacional de Migración, instancia establecida en la ley como ente coordinador,
deberá ser una constante en las agendas de ese sinnúmero de instituciones y
organizaciones que, desde hace mucho tiempo atrás, tienen un rol importante en
la temática.
Si bien fueron las prácticas más que las normas las que definieron una visión
altamente funcional (política del silencio) del Estado republicano frente al
tema migratorio en nuestra historia, serán también dichas prácticas las que
muestren rupturas o continuidades en lo que hace al accionar del Estado
Plurinacional sobre las dinámicas migratorias contemporáneas.
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