Por: Germán M. González
Junto con el octavo mes y el anuncio de combinación adversa para los
residentes en Cuba: poca lluvia (malo) y mucho calor (peor), apareció una
noticia causante de inmediata y multitudinaria reacción, en la calle para
los carentes de acceso a la Red y en ésta para los cubanos en el exterior y
los pocos residentes en Cuba con esa posibilidad limitada tecnológica y
financieramente.
La noticia en cuestión, relacionada con la no concesión de nuevas licencias
para un grupo de actividades “hasta tanto no concluya el perfeccionamiento
del trabajo por cuenta propia” ha provocado un número infinito de
interrogantes, luego de indagar –sin entrevistas formales pues el tema es
tabú- con integrantes de la burocracia y de los órganos estatales se pueden
obtener algunos indicios sobre el controvertido tema.
Es indudable que el miedo al renacimiento de la burguesía nacional
destruida en los años sesenta – que existía a pesar de la negativa de los
historiadores y economistas del oficialismo(1)– compulsa a los integrantes
de la gerontocracia y burocracia gobernante en Cuba. El espíritu
estatalizador de ¡sesenta mil! pequeñas y medianas empresas cuando la
“ofensiva revolucionaria” de 1968 (y antes) está vigente aún entre los
gerontócratas desde esa época ocupantes del poder y naturalmente en los
burócratas, por definición enemigos de cualquier iniciativa personal.
Otra razón es el populismo de un régimen que mantiene el incremento de los
salarios por debajo siete veces del incremento del índice de precios, y las
pensiones medias petrificadas en 269 pesos (11 USD) desde hace tres décadas
(sólo se han movido dos veces en 57 años) y quiere –contra toda ley
económica- mantener también petrificados los precios, entonces la emprende
contra actividades que –también por definición- varían en función de
cambios tecnológicos, ambientales, moda y múltiples factores más.
Esto último resulta particularmente cierto en el “tranque definitivo” a los
revendedores de productos agrícolas y carretilleros, los cuales el año 2016
–a pesar de todas las limitaciones impuestas- vendieron el 80% (2) de lo
vendido en la red estatal compuesta por gigantescas e ineficientes
empresas. El comprador revendedor paga al campesino “cash”, con precios de
acuerdo a la oferta y la demanda y la calidad del producto; las entidades
estatales pagan cuando se acuerdan y son olvidadizas, frecuentemente con
precios inferiores a los costos.
Pero hay un factor no reflejado en las discusiones en la Red y en la calle,
lo cual responde a la pregunta de por qué el “tranque” si todo lo
modificable pudiera hacerse con los mecanismos de concesión de licencias
funcionando -actuaron como las entidades estatales paralizando los
servicios por inventario- y es la necesidad del régimen de mantener el
monopolio de la información para que los cubanos residentes en Cuba solo
sepan lo necesario y no haya cuestionamientos al régimen, en chistes o en
serio.
Esto último explica algo a primera vista incomprensible: el cierre
definitivo a las actividades de “comprador-vendedor de discos” y “operador
de equipos de recreación para los equipos rústicos” actividades donde
circulan informaciones indeseadas y cuestionamientos, a veces en broma, a
veces en serio.
Cuando aparezcan las modificaciones a las regulaciones vigentes veremos dos
cosas: integración a los mecanismos estatales –y consiguiente
burocratización- de las actividades de los emprendedores y reforzamiento de
las medidas de control, no sólo económico. Los encargados de esto último no
brindan entrevistas a los medios, pero participan activamente en las
modificaciones anunciadas. Facilitar el trabajo del Gran Hermano es
condición infaltable en cualquier escenario posible