[co_inspiracion] Fwd: [GralGT 2022] CLACSO - Declaración del Grupo de Trabajo Salud internacional y soberanía sanitaria, acerca de la nueva reforma autoritaria del sistema de salud en Colombia
- From: Mario Parada <mario.parada@xxxxx>
- To: salud publica <salud.publica@xxxxx>, co_inspiracion <co_inspiracion@xxxxxxxxxxxxx>
- Date: Mon, 10 May 2021 11:03:32 -0400
---------- Forwarded message ---------
De: Grupos de Trabajo CLACSO <gruposcv@xxxxxxxxxxxxx>
Date: lun, 10 may 2021 a las 10:49
Subject: [GralGT 2022] CLACSO - Declaración del Grupo de Trabajo Salud
internacional y soberanía sanitaria, acerca de la nueva reforma autoritaria
del sistema de salud en Colombia
To: <gralgt2022@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Estimadas investigadoras y estimados investigadores:
Les deseamos una buena semana y les seguimos compartiendo las expresiones
de los Grupos de Trabajo denunciando la brutal represión que está
atravesando Colombia.
Les acercamos la declaración elaborada por el núcleo colombiano del *Grupo
de Trabajo CLACSO Salud internacional y soberanía sanitaria *que aborda
especialmente la reforma del sistema de salud.
Les invitamos a leerla y compartirla.
Un abrazo,
Equipo del Programa Grupos de Trabajo
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[image: Declaraciones-GT---WEB.png]
Colombia: entre la violencia estatal, la militarización y la nueva reforma
autoritaria del sistema de salud
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*Colombia atrapada entre la intensificación de la violencia estatal, la
criminalización de la protesta social, la epidemia de COVID-19, el
deterioro del financiarizado sistema de salud, la precarización laboral, la
crisis social y económica y las políticas gubernamentales arbitrarias,
autoritarias, inequitativas e injustas*.
La ola de represión sistemática gubernamental, con una evidente política
pública de vulneración de los derechos humanos por parte de las autoridades
del Gobierno de Colombia, ha quedado reflejada en los últimos días en
sangrientas cifras que reflejan tal represión: 37 personas asesinadas; 381
personas que experimentaron lesiones personales; 58 defensores de los
derechos humanos que sufrieron algún tipo de agresión violenta; 19 mujeres
que sufrieron violencia basada en género incluyendo la violación; 1.180
personas que fueron detenidas de manera arbitrarias, algunas de las cuales
sometidas a trato vejatorio y/o torturas; 239 que fueron detenidas y
desaparecidas; y más de 500 personas que denunciaron abusos de poder,
agresiones o violencia policial con la criminalización de la protesta
social.
La represión oficial se extendió hasta la extrema militarización de
ciudades, como Cali y Palmira que están en riesgo de quedarse sin
abastecimiento de alimentos y medicamentos; también se bloquearon las
señales de internet y las redes sociales que fueron utilizadas por la
ciudadanía y las comunidades para denunciar estas formas de represión
oficial, y se utilizaron de manera disuasiva la posibilidad de declarar el
Estado de Conmoción Interior, para generar miedo e incertidumbre en la
población.
Todo este contexto se vio desencadenado por las protestas sociales
antigubernamentales debido a las recientes medidas que se intentaron
implementar de manera arbitraria, autoritaria, inequitativa e injusta del
actual presidente de Colombia Iván Duque. Uno de los detonantes fue el
intento de implementar una reforma tributaria en la que se imponía un
impuesto sobre la renta a un alto número de personas con rentas o ingresos
bajos; además, que se aumentaba el Impuesto de Valor Agregado (IVA) a
productos esenciales para la mayor parte de la población colombiana. El
malestar generado por esta medida, unido al descontento social acumulado
por la negligente gestión de la epidemia de Covid-19 conjuntamente con la
agudización de la crisis social y económica del país, precipitó una
protesta social masiva. La criminalización de la protesta por parte del
gobierno de Duque implicó una autoritaria y violenta respuesta de las
autoridades con violación sistemática de los derechos humanos. La siguiente
frase de una de las tantas pancartas enarboladas en las manifestaciones
públicas da buena cuenta del sentimiento del pueblo colombiano que se está
manifestando:
*«Si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia, es porque el
gobierno es más peligroso que el virus».*
En el caso de Colombia, la violencia forma parte de un proceso sustantivo
de la determinación social de la salud colectiva y de la vida.
Desde hace muchos años, las desigualdades sociales y económicas se han
visto especialmente intensificadas y agudizadas por el conflicto armado
colombiano y las diferentes formas de violencia sistemática locales y
regionales, llevadas a cabo por grupos paramilitares y promovidas por
élites locales, regionales y nacionales, con el fin primordial de mantener
sus privilegios y beneficios en una democracia privatizada.
Líderes y lideresas sociales y comunitarias que luchan por la defensa del
territorio y de los derechos colectivos y bienes comunes, que denuncian y
enfrentan las situaciones de injusticia y de inequidades por clase social,
etnia y género en diversas regiones del país, han sido sistemáticamente el
objetivo de esta violencia incluso con asesinatos selectivos.
Al respecto, también es importante resaltar que en los últimos años las y
los jóvenes terminaron atrapadas por esta espiral sistemática de violencia
que atraviesa la vida en el país. Ser joven en Colombia representa una
imposición permanente a preguntarnos *¿de qué mueren los y las jóvenes en
Colombia?* Para responder esta pregunta hay que fijar la mirada en dos
aspectos. Por una parte, en formas simbólicas de la existencia y los
límites de la propia vida cotidiana que atenta contra la vida digna de los
y las jóvenes, como es el caso la precariedad educativa, laboral y las
representaciones mediáticas que desacreditan su palabra; por otra parte, en
formas específica de violencia -las ejecuciones extrajudiciales, las
persecuciones- que dan cuenta de lo que en la retórica de la violencia
colombiana se conocen como “falsos positivos”.
Este contexto de violencia, el incumplimiento de los Acuerdos de Paz
provocó ya 126 masacres, que dejaron 513 víctimas mortales entre 2020 y lo
que va de 2021 (Indepaz). Por otra parte, más de 900 lideresas y líderes
asesinados y más de 276 firmantes del acuerdo de paz-excombatientes de las
FARC-, desde su firma en 2016 (Indepaz); además, en marzo de este año
(2021) se denunció el bombardeo de un campamento de disidentes de las FARC
en el que se encontraban niñas y niños calificados como “máquinas de
guerra” por el Ministro de Defensa colombiano.
Una nueva reforma a la reforma del Sistema de Salud colombiano
[image: image.png]
En medio de este clima de descontento y masivas protestas sociales, de
criminalización y represión sistemática, de muertes y padecimientos del
pueblo colombiano, el gobierno del Presidente Duque quiere impulsar una
nueva reforma de la Ley 100 de 1993 que ya se había cristalizado en una
fragilización, precarización, fragmentación, privatización y
financiarización del Sistema de Salud colombiano. Bajo el andamiaje
teórico-conceptual del pluralismo estructurado, como política de Estado, se
promovió un mercado desregulado de coberturas financieras de salud,
asociaciones público-privadas y destrucción de la salud pública.
En este momento está en curso en el Congreso de Colombia el Proyecto de Ley
010 de 2020 que busca profundizar el modelo de aseguramiento e
intermediación financiera sobre la atención en salud, debilitar la
fragilizada salud pública, incrementar la brecha entre la atención en zonas
urbanas y rurales, aumentar oligopolio corporativo y empresarial de las
aseguradoras en salud, acentuar las responsabilidades de la ciudadanía
sobre su propia salud y, en última instancia, seguir vulnerando el derecho
universal fundamental a la salud. Adicionalmente, con esta Ley se viola la
autonomía universitaria, en tanto que, de manera sutil, propone que alguna
formación posgraduada salga del núcleo de la academia para realizarse a
través de las mismas figuras que realizan la intermediación de la salud.
El Proyecto de Ley 010 de 2020 sigue formando parte de una estrategia de
las élites colombianas por profundizar la mercantilización sanitaria bajo
el pluralismo estructurado y la expansión de bienes de mercado dentro del
propio sistema sanitario.
El Sistema de Salud colombiano denominado Sistema General de Seguridad
Social en Salud *financieriza* las coberturas de salud, pensiones y riesgos
laborales, es un caso que ejemplifica perfectamente la influencia
geopolítica de los organismos como el Banco Mundial, el BID, OPS-OMS y
corporaciones nacionales y multinacionales que representan la
materialización de la agenda de la salud global neoliberal.
La estructuración de la reforma colombiana institucionaliza sofisticados
entramados de compañías farmacéuticas, corporaciones multinacionales de
hospitales y aseguradoras privadas, empresas compradoras de insumos y
tecnologías médicas, entre otros.
El mercado (des)regulado de coberturas con intermediación financiera, de un
mercado de prestadores público-privado, implica geopolíticamente la
instalación de un capitalismo sanitario mundialmente periférico en Colombia
con la presencia de la United Health Group, multinacional estadounidense de
empresas aseguradoras y prestadoras de servicios de salud, AUNA la
multinacional peruana propietaria de un conglomerado empresarial, la
multinacional española Keralty (antigua Organización Sanitas
Internacional), propietaria de una numerosa red de empresas de
aseguramiento, prestación de servicios de salud (más de 200 en este país),
de Steward Health Care, multinacional estadounidense que integra
prestadores y aseguradores privados, la multinacional estadounidense
Christus Health, propietaria del componente salud del Grupo Coomeva,
Quironsalud multinacional española integrante de la multinacional alemana
Fresenius Helius, Fresenius Medical Care, entre otras.
Es decir, Colombia implantó un sistema de aseguramiento, hospitalocéntrico
y enfermológico, donde el propio sistema sanitario institucionalizó los
intereses privados y de intermediación financiera, que reproducen
fragmentación, segmentación, estratificación y especialmente inequidades en
la salud colectiva de la sociedad colombiana. Estos objetivos son los que
prevalecieron en las reformas emprendidas en el país, profundizando las
desigualdades, y paralelamente precarizando radicalmente las condiciones de
trabajo de las propias trabajadoras y trabajadores de la salud.
En este aspecto concreto es muy importante no perder de vista que esta
precarización afecta fundamentalmente a las mujeres, por ser el campo de la
salud particularmente feminizado. La precarización laboral de las
trabajadoras y los trabajadores de la salud en Colombia da cuenta de la
tercerización laboral, la eliminación de las garantías y los derechos
laborales lo cual significa: trabajo sin descanso, contratos cortos, así
como experiencias laborales en las que las trabajadoras y los trabajadores
de la salud prácticamente “regalan” meses de trabajo para asegurar estos
contratos, entre otros. Situación que se vio especialmente agudizada
durante la pandemia de Covid-19.
*Protestas masivas, reformas neoliberales y la gestión de Covid-19*
Colombia, al igual que muchos otros países de la región, experimenta en
estos momentos una intensificación de la crisis epidemiológica y de las
defunciones asociadas a la epidemia de la COVID-19 en el territorio
colombiano.
En efecto, según cifras oficiales del propio Ministerio de Salud hasta el
momento se han registrado más de 76 mil muertes, con cerca de 400 muertes
diarias. En términos de vacunación, Colombia presenta una de las tasas más
bajas de la región, debido en la fundamental a un plan de vacunación que ha
priorizado criterios políticos por encima de criterios epidemiológico o de
salud pública y, en segundo lugar, al efecto resultante del monopolio de
los derechos de propiedad intelectual (patentes) de productos biológicos,
como es el caso de las vacunas, por parte de grandes multinacionales
farmacéuticas, amparadas por países por gobiernos del norte global. Según
las cifras del propio gobierno nacional desde mediados de febrero, solo se
han inmunizado algo menos de 2 millones de personas con las 2 dosis
indicadas. Como ha ocurrido en otros países de la región, el sistema
hospitalario de las principales ciudades se encuentra colapsado por la
epidemia de SARS-CoV-2, y existe un importante desabastecimiento de oxígeno
medicinal.
Como hemos reiterado en diversas ocasiones, los efectos de la epidemia de
Covid-19 son el resultado de determinaciones sociales que dan cuenta del
proceso salud-enfermedad-atención en el país, en sus diversos territorios.
Colombia es uno de los países de América Latina y el Caribe con mayores
desigualdades sociales y económicas, con especiales y significativas
diferencias locales y regionales que afectan en lo fundamental a
poblaciones campesinas, indígenas, y afrodescendientes, dentro de las
cuales las mujeres y niñas se ven particularmente afectadas. En muchas de
las ciudades de Colombia, la informalidad y la precariedad laboral, que
afecta a más del 50% de la población entre 18 y 64 años, son más la
constante que la excepción. En este contexto de profundas desigualdades
sociales y económicas, tanto la pandemia como las propias medidas adoptadas
para controlarla, así como la prácticamente ausencia de medidas de
protección social, han llevado a que unos 21 millones de colombianos y
colombianas se encuentren en situación de pobreza en el 2020. En este año
la pobreza aumentó en 3,5 millones de personas y la pobreza extrema alcanzó
la cifra de 7,5 millones de personas.
Desde el Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales:
- Rechazamos de manera categórica la sistemática criminalización y
represión de la protesta social por parte de las autoridades colombianas.
- Demandamos el cese inmediato de la violencia y la represión oficial
contra las legítimas movilizaciones y protestas sociales, y la
implementación también inmediata de los mecanismos jurídicos que permitan
el esclarecimiento y juzgamiento de estas acciones violentas y de la
vulneración de los derechos humanos asociada a esta violencia.
- Consideramos que los efectos y las consecuencias de la epidemia de
COVID-19 son el resultado de determinaciones sociales de un proceso
salud-enfermedad-atención por clase social, etnia y género que se acumulan
en las vidas de las y los colombianos. La privatización, mercantilización e
implementación de intereses corporativos y empresariales en la organización
y gestión del Sistema de Salud forma parte central de estas determinaciones
de la salud colectiva.
- Creemos que las políticas universales de protecciones sociales deben
formar parte integral de las acciones para responder a la epidemia de
Covid-19 en el país. Tales políticas deben ser equitativas, redistributivas
y situadas contextual, territorial y culturalmente, atendiendo sobre todo a
las especificidades de las comunidades y pueblos campesinos, indígenas y
afrodescendientes. La perspectiva de género también debe formar parte
integral de estas medidas de protección social.
- Solicitamos la inmediata paralización de la Ley 010 de 2020 sin
ajustes de forma, y la puesta en marcha de espacios de participación social
y comunitaria en salud que, junto con los trabajadores y trabajadoras de la
salud, las universidades, sindicatos, movimientos sociales, hagan posible
la puesta en marcha de alternativas que permitan realmente comenzar un
camino hacia la Refundación del Sistema de Salud en Colombia.
- Exigimos la puesta en marcha de estrategias de Integración regional en
salud desde un enfoque de Cooperación Sur Sur, para abordaje de la
liberalización de los derechos de propiedad de las patentes de las vacunas,
para que todas y cada una las personas de viven en la región puedan tener
acceso lo más pronto posible a las vacunas de Covid-19.
- Dejar atrás la reforma de la Ley 100 y las tesis del pluralismo
estructurado, impulsando un gran debate en Colombia sobre la reconstrucción
de la soberanía sanitaria nacional para la salud colectiva y vivir bien de
la sociedad colombiana.
*Para adhesiones a:*
gtsaludinternacionalclacso@xxxxxxxxx
https://www.facebook.com/gtsaludinternacionalclacso/#
7 de mayo de 2021
Grupo de Trabajo CLACSO
Salud internacional y soberanía sanitaria
Esta declaración expresa la posición del Grupo de Trabajo *Salud
internacional y soberanía sanitaria* y no necesariamente la de los centros
e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité
Directivo o su Secretaría Ejecutiva.
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*Programa de Grupos de Trabajo, CLACSO*
Director de Investigación: Pablo A. Vommaro
Coordinadora de Investigación: Natalia Gianatelli
Equipo de gestión académica: Cecilia Gofman, Giovanny Daza, Rodolfo Gómez,
Teresa Arteaga y Tomás Bontempo.
(+5411) 4304 9145 / 4304 9505
www.clacso.org <http://www.clacso.org.ar/>
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