[iansi] [Fwd: Fw: LA ARGENTINA DE ORWELL: HASTA BUSH SE ASUSTARÍA]

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  • Date: Mon, 11 Apr 2005 13:33:33 -0300

Fundacion del IANSI (Instituto Argentino de Normalizacion de la Seguridad de la 
Información). www.feistel.com.ar/iansi.
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LA ARGENTINA DE ORWELL: HASTA BUSH SE ASUSTARÍA
Por *JORGE CONTI*

 

/Una perspectiva irracional de la historia tiene siempre a mano la
consoladora filosofía de la predeterminación: la república Argentina es
un país con destino predeterminado. Por eso, cuando hubo que preparar la
economía para el modelo salvaje, lo hizo una dictadura criminal que
secuestró, torturó y asesinó clandestinamente; cuando hubo que afrontar
la crisis del estado de bienestar, lo hizo un gobierno constitucional
que desmanteló al Estado, remató los recursos del país, desnacionalizó
la economía y redujo a las dos terceras partes de la población a la
indigencia; así que cuando se plantea el problema de la llamada
"seguridad nacional", ¿cómo lo solucionará un gobierno, sino eliminando
los derechos civiles e instalando una red de vigilancia de la vida
privada?/. /Sin embargo no se trata de predeterminación: hay una
explicación menos placentera, que tiene que ver con el poder real que
nunca dejó de gobernar en estas tierras y que, tratándose de los dilemas
que plantea la historia, siempre impone las medidas cuyo costo paga el
hombre común./

 

*/1/*

El gobierno ha dispuesto por ley que los sitios visitados en Internet,
los mails recibidos, el contenido de los chats y toda operación que se
haga en Internet, más todas las llamadas de la telefonía fija o móvil
recibidas, su duración, el lugar en que se encontraba el aparato en el
momento de la comunicación, la identidad de quien llama y quien recibe
la llamada, deberán ser guardados por los proveedores durante diez años
y ser enviados a la Side ante un posible requerimiento de la Justicia o
del Ministerio Público.

Se trata de las normas establecidas en la Ley de Telecomunicaciones
25.873, sancionada el 17 de diciembre de 2003, en la última sesión
ordinaria del Senado, sobre tablas y sin debate parlamentario; y en el
decreto 1653 que la reglamentó, del 9 de noviembre de 2004. */Es decir,
hace un año y cuatro meses en un caso y hace cinco meses en el otro/*.

Sin embargo, nunca trascendió la existencia de un proyecto de esa
naturaleza, ni su tratamiento parlamentario, ni su aprobación. Además,
su aprobación se hizo sobre tablas, es decir, sin ser discutido en las
comisiones y tampoco hubo debate en el recinto. La conclusión es obvia:
se trataba de un instrumento que debía tener su respaldo legal a
espaldas de la sociedad civil y la mayoría de los representantes lo
aprobó, al parecer, sin la menor reserva.

A tal extremo se ha mantenido el secreto, que aún hoy -ya aprobada la
ley y lista para entrar en vigencia- el único diario que informó este
fin de semana sobre la normativa es "/Página / 12/"; los grandes medios
nacionales, así como las radios y la televisión -tan prestos para
hacerse eco de otras denuncias y escándalos- se han mantenido mudos al
respecto, a pesar de que constitucionalistas, docentes de las carreras
universitarias de Comunicación, especialistas en Seguridad informática y
Criptología, integrantes de la Fundación Vía Libre que lucha por la
libertad del software y otros organismos de derechos humanos lo han
denunciado ante la Justicia.

Toda nuestra vida personal, privada, profesional y laboral quedará
archivada en registros privados, a disposición a su vez de los
organismos de inteligencia y de la justicia. Además, las prestadoras
deberán contar con equipamiento para que en caso de que un juez o un
fiscal ordene la interceptación de alguna comunicación, ésta se haga de
forma inmediata; también deberán mantener la confidencialidad de las
actividades técnicas y administrativas que deban realizar; y deberán
guardar secreto aun respecto de la existencia misma de los
requerimientos que les sean efectuados.

Hay una fecha. Los argentinos pasaremos a ser ciudadanos estrictamente
vigilados a partir del 31 de julio.

 

*/2/*

No cabe la menor duda de que se trata de una avanzada sobre los derechos
civiles, de una violación a las normas de protección a la intimidad que,
según el abogado Damián Loretti, director de la Carrera de Comunicación
de la UBA, "/genera un grado de vigilancia permanente/" y según el
matemático Enrique Chaparro, especialista en Seguridad informática y
Criptología, es el principio fascista que consiste en "/guardar por las
dudas/: /te controlo para que no hagas/". (*)

Por manoseada que esté, al punto de no inquietar demasiado a nadie, nos
encontramos antela realización de la fantasía de George Orwell en su
novela "/1984/": una sociedad policial vigilada por el Gran Hermano.
Demasiado preocupados por posicionarse en la pirámide del poder mundial,
los gobiernos son impotentes para garantizar la seguridad, como no sea
con el simple expediente de eliminar los derechos civiles.

Como señala Beatriz Busaniche, activista de software libre, integrante
de la Fundación Vía Libre, "/en la práctica no es más que el
reconocimiento público de que todos los ciudadanos podemos quedar bajo
vigilancia y aún peor, que esa vigilancia será hecha por empresas
privadas/". (*)

Lo cual significa que no hay ninguna garantía de que las empresas no
vendan los datos almacenados, desgracia a la que, por falta de control,
ya estábamos acostumbrados los ciudadanos de este país sin necesidad de
que ahora una norma asegure impunidad a los delincuentes.

En este sentido, es aterrador el horizonte que avizora Katitza Rodríguez
Pereda, investigadora en temas de privacidad y protección de datos
personales en Latinoamérica: "/los datos de tráfico en Internet podrían
ser utilizados para interpretar y registrar relaciones entre personas,
entender y extrapolar intenciones humanas y rastrear cada movimiento de
un individuo. Pero también esos datos pueden estar asociados a una
actividad realizada por otro o a un proceso que no esté relacionado a
las actividades de dicha persona. Imaginemos que queda registrado que
una persona visita una página web con contenido controversial. Ello no
significa que estamos identificando a los individuos que buscamos. En
lugar de ello, podríamos estar atribuyendo acciones e intenciones a
individuos inocentes, invadiendo su privacidad/". (*)

Hay ciertas retóricas legislativas que moverían a risa, si no fuera
porque en realidad descuentan que somos idiotas: la ley pretende
tranquilizarnos disponiendo que "/El Estado nacional asume la
responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios que pudieran
derivar para terceros de la observación remota de las comunicaciones y
de la utilización de la información de los datos filiatorios y
domiciliarios y tráficos de comunicaciones de clientes y usuarios,
provista por los prestadores de servicios de telecomunicaciones/".

¿El Estado asume la responsabilidad?. Una vez que el daño esté hecho ¿de
qué manera se haría responsable el Estado, hasta ahora incapaz de
elementales controles que preserven la vida social, incapaz de
elementales controles que impidan los abusos del mercado sobre los
ciudadanos comunes e incapaz de elementales controles que preserven a
los consumidores de los abusos de las corporaciones?.

 

*/3/*

La Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea presentó un
amparo en la Justicia en el que cuestiona la constitucionalidad de esta
norma, debido a que significa una intromisión en la intimidad de las
personas, así como su carácter confiscatorio, porque hay empresas que no
podrán afrontar el costo del equipamiento tecnológico necesario. Se
tramita en el juzgado Nº 12 en lo Contencioso Administrativo Federal, a
cargo de Guillermo Rossi.

La respuesta de la abogada Mariana Tamara Saulquin, del Ministerio de
Economía, sería risible si no fuera peligrosamente irresponsable: no hay
violación de la intimidad, dijo, porque el acceso a los datos será
posible solo a pedido del juez. Hay que creer que, si no media una orden
judicial, la estricta moral del mercado mantendrá la confidencialidad.
Se nos pide un acto de fe, como quien dice. Y si no, el Estado se hará
responsable.

Beatriz Busaniche agregó una observación que hace poner los pelos de
punta: "/en la Argentina, millones de ciudadanos conmovidos por el dolor
de un padre cometieron la torpeza de decirle al Gobierno que prefería la
vigilancia de todos para prevenir el delito. El decreto que ahora nos
ocupa no es más que otra pata de la instalación en el sentido común de
una dicotomía infame: seguridad versus privacidad. Aquella dicotomía que
pretende hacernos creer que para vivir más seguros debemos ceder
derechos básicos como la intimidad/". (*)

Si el término medio de la sociedad argentina ha aceptado como
representación y  referente a ese icono grotesco llamado Lita de
Lázzari, estamos perdidos. Porque las Lita de Lázzari de esta tierra
efectivamente estarán muy satisfechas con sacrificar privacidad y
libertad a cambio de seguridad.

Es otro principio fascista que siempre ha sido aprobado sobre tablas y
tiene una eterna vigencia sin que nadie lo discuta.

 

(*) "Página / 12", 10.04.05

 

 

        
        

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-- 
Pablo A. C. Gietz
Jefe de Seguridad Informática
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.
Te.: 0343 - 4201351
Fax: 0343 - 4201329




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