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From: Juan Artola <artola.juan@xxxxxxxxxxx>
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Sent: Monday, February 20, 2017 7:53 AM
Subject: ARGENTINA: PRESENTARON AMPARO CONTRA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE
MIGRACIONES
"Lesiona un conjunto de garantías"
El CELS, la Caref y el Copadi presentaron un recurso para que la Justicia
declare inconstitucional el decreto de Macri que modificó la ley de Migraciones
que había sido aprobada "en base a un fuerte consenso", recordaron.
Por Ailín Bullentini<https://www.pagina12.com.ar/autores/255-ailin-bullentini>
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para
Refugiados y Migrantes (Caref) y el Colectivo por la Diversidad (Copadi)
presentaron un recurso de amparo para que la Justicia declare inconstitucional
el decreto con el que el presidente Mauricio Macri modificó la ley de
Migraciones. Las organizaciones advierten a la Justicia que el DNU afecta las
garantías y los derechos de los ciudadanos que nacieron en otro país y habitan
la Argentina y que el Gobierno modificó la norma "creada en base a un fuerte
consenso" mediante un decreto "sin razones que justifiquen su necesidad y
urgencia", sostuvieron referentes de esos colectivos.
Las organizaciones presentaron el recurso ante el juez Ernesto Marinelli, a
cargo del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo 1. En 100 fojas,
argumentaron por qué consideran que el DNU que amplía las razones por las
cuales un extranjero puede ser expulsado del país y achicar el tiempo que esa
persona tiene para defenderse en caso de que esté en riesgo de ser echado del
territorio, entre otras tantas modificaciones a la Ley nacional de Migraciones
que plantea, debe ser declarado nulo "por lesionar el conjunto de garantías
mínimas del debido proceso legal, el derecho a la protección judicial efectiva
y al acceso a la justicia así como el derecho a la igual protección de la ley y
a la no discriminación y el derecho a la libertad ambulatoria", postularon en
el recurso, entre otras varias razones. Además, señalaron que "desde una
perspectiva formal, el DNU no cumple con los requisitos esenciales para su
dictado, razón por la que debe ser considerado nulo, de nulidad absoluta e
insanable al haber invadido esferas propias del Congreso de la Nación y
obstruido el derecho de toda la sociedad a participar en un debate democrático"
"El DNU es completamente regresivo, las modificaciones que le hace a la ley
lejos de ser mínimas son gravísimas", opinó Demian Zayat, de Copadi. Las
organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, junto con agrupaciones
de migrantes y refugiados y expertos en la materia advierten tal cuestión desde
antes de que el decreto 70/2017 fuera publicado en el Boletín Oficial.
Reclamaron reuniones con las autoridades -que fueron concedidas tras la
oficialización de las modificaciones a la ley- y reclamaron un debate
parlamentario y público que recién comenzó la semana pasada, pero no para
discutir qué y cómo cambiar de la ley nacional de migraciones, sino para lograr
que el DNU quede sin efecto. A mediados de la semana pasada, varias de estas
organizaciones les explicaron a los senadores y diputados que integran la
Comisión bicameral de tratamiento legislativo por qué era necesario rechazar la
resolución del Ejecutivo. El viernes, presentaron el amparo que busca la
inconstitucionalidad porque "la Justicia debe decir algo", remarcó Zayat.
El director del área de Defensa Legal del CELS, Diego Morales, señaló tres
motivos generales por los que las organizaciones solicitaron el amparo. La
primera tiene que ver con la falta de diálogo de parte del Gobierno hacia el
sector afectado y a las instituciones no gubernamentales que trabajan con
ellas. "Nunca tuvimos la posibilidad de dar un debate. No hubo ningún tipo de
diálogo entre las organizaciones y el gobierno así que nos vemos obligados a ir
por el lado de la Justicia", consideró Morales, quien recordó que la ley de
migraciones, sancionada en 2003, fue producto de "un largo consenso". En ese
sentido, Zayat agregó que el "cambio de rumbo" no tiene que ver solo con el
corte en el canal de diálogo, sino que hubo "un vuelco en la política
migratoria desde que asumió el nuevo gobierno, que pasó de ser de asistencia al
migrante a persecutoria", denunció. Como ejemplo, contó que hasta diciembre de
2015, existía un programa de abordaje territorial que "asistía a los migrantes
que tenían problemas de irregularidad residencial". "Hoy sale Migraciones con
agentes de faltas a recorrer locales comerciales en busca de extranjeros que no
tengan papeles al día. Esto sumado a las declaraciones de funcionarios que los
vinculan con el delito empeora todo", añadió.
Una segunda razón que los impulsó al pedido de recurso de amparo es aquella
meramente formal: la falta de una situación de emergencia que justifique la
modificación de una ley nacional vía decreto de necesidad y urgencia. Según
plantean los colectivos en el recurso, el DNU 70/2017 "no cumple con los
requisitos formales para su validez", no solo porque no acredita argumentos de
necesidad y urgencia, sino también porque entienden que regula cuestiones
penales.
La tercera tiene que ver con el retroceso en política migratoria y derechos
propiamente dicha. La aplicación de las modificaciones del DNU, advirtió Zayat,
"permitirá cualquier tipo de abuso de fuerzas de seguridad contra una población
que ya es vulnerable de por sí". A partir de los cambios del DNU a la ley de
Migraciones "se termina la presunción de inocencia" para los extranjeros, ya
que un migrante en situación irregular de residencia en Argentina, por ejemplo,
queda al borde de la expulsión por la sospecha de comisión de delitos menores.
"También se termina el derecho a la defensa", indicó, al mencionar la reducción
del período con el que cuenta la persona en riesgo de expulsión. En ese
sentido, Diego Morales, del CELS, señaló que una de las razones por las cuales
las organizaciones decidieron presentar un amparo tiene que ver con el "efecto
individualizador" que imprime el DNU a la expulsión como amenaza. "Entendemos
que la eliminación de garantías mínimas en el debido proceso afectan al sector
de migrantes y refugiados en términos colectivos. No se puede pretender que
todas las personas cuentan con las mismas oportunidades de defensa, porque no
es así", puntualizó.
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